Arquitectos, software libre y apoyo institucional

Como sabéis los que me conocéis o leéis soy partidario del software libre y lo uso siempre que puedo (hace ya dos años que uso linux y solo entro a windows cuando me obliga la Agencia Tributaria) pero sobretodo soy partidario de que la libertad de que cada uno elija el software que quiera (tanto es así que esa es la esencia de la asignatura que imparto en la Universidad de San Jorge). Con estos antedecentes es fácil comprender que me haya alegrado mucho al enterarme, casi a la vez, a través de Daniel Gil, de Bauen, y de Andrés Moya, de Bitácora virtual , de la existencia del grupo AGNU (Arquitectura y GNU).

AGNU es un espacio abierto, no limitado geográficamente ni exclusivo para arquitectos (aunque ofreceremos herramientas y recursos específicos para la profesión). Os animamos a todos, seáis o no arquitectos y vengáis de donde vengáis, a uniros a nosotros. Si queréis saber más sobre nosotros podéis echar un vistazo a algunos motivos por los que nos interesa el Software Libre y lo que pretende ser esta web. Fuente: http://agnu.ibaca.net/es/quienes-somos/agnu

Desde AGNU defienden el uso del software libre como herramienta de trabajo habitual en los estudios de arquitectura y denuncian que instituciones como el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC) no solo no lo apoye sino que obligue a sus colegiados a utilizar programas informáticos de pago que nada tienen que ver (o nada tendrían que ver) con el Colegio, como son Microsoft Office, Adobe Acrobat, Windows… ya que las aplicaciones informáticas necesarias para hacer los trámites o los visados telemáticos así lo exigen y no ofrecen alternativas para utilizar otro software o sistema operativo. Tanto es así que hasta han creado un manifiesto en el que se solicitan firmas de los colegiados catalanes para que el decano que salga elegido tras las próximas elecciones tenga en cuenta estas solicitudes y le ponga remedio (los interesados pueden leer y firmar la moción en este enlace).

Más allá de la importancia que tiene para arquitectos el poder utilizar otras aplicaciones y sistemas operativos (lo cual puede llegar a suponer un ahorro de 1.978,04 €1 por cada ordenador utilizado, una cantidad nada desdeñable en tiempos de crisis), iniciativas como esta son necesarias porque ponen el dedo en la llaga sobre un problema real y a menudo no tenido en cuenta: el poder que tienen las instituciones para condicionar o no el uso de herramientas informáticas (y con ellas la economía) de las personas a las que representan. Y es que a menudo, muy a menudo, las instituciones (ayuntamientos, … ) olvidan o se desentienden de su responsabilidad.

¿Por qué es importante que las instituciones ofrezcan alternativas?

Las instituciones, a diferencia de las empresas, ofrecen servicios a un conjunto de personas a las que representan (y que en la mayoría de las veces, les han elegido democráticamente), por tanto no cuentan entre sus objetivos el de lucrarse económicamente. Partiendo de esta premisa, está claro que las instituciones se deben a todas y cada una de las personas a las que sirven y le dan sentido de ser, aunque estas sean (y son) un conjunto hetereogéneo debido a su gran tamaño, lo cual tiene las siguientes implicaciones:

  1. Todas las personas deben poder relacionarse en igualdad de condiciones con las instituciones cuando tengan que referirse a ellas, realizar trámites, etc. y eso incluye, entre otras cosas, la posibilidad de elegir libremente el software que utilicen para ese fin.
  2. Las instituciones no están y no deberían estar, vinculadas a ninguna empresa de sofware, pues el objetivo de estas (lucrarse legítimamente por la venta y uso de sus programas) es incompatible con el de las instituciones. El hecho de obligar a utilizar una determinada herramienta informática beneficia casi únicamente a la empresa que lo fabrica y distribuye, en ningún caso a las personas a las que representan.

¿Qué puede hacerse?

Si el objetivo a conseguir es el de garantizar que todas aquellas personas vinculadas con una institución tengan libertad para utilizar el software que quieran, ¿significa eso que las instituciones deben disponer de todos los programas, presentes, pasados y futuros, que puedan utilizar sus ciudadanos, asociados… ? Esto sería una solución teórica al problema, pero es inviable debido a la gran cantidad de programas existentes, la imposibilidad de conocerlos todos, los elevados costes de licencias derivados, así como la necesidad de mantener todos los programas para poder consultar documentos antiguos. No existe una única solución para este problema, sino combinaciones de actuaciones enfocados a solucionar los distintos niveles de complejidad que supone la libertad del software. De cara a garantizar que la relación personas->institución, la solución pasa por utilizar y aceptar formatos de archivo que cumplan el estandar ISO (no confundir con los estándar “de facto”) como son ODF (Open Document Format) para documentos de texto, hojas de cálculo… o PDF (Portable Document Format) para consultar cualquier tipo de documento. Estos formatos tienen la particularidad de que, a diferencia de los formatos propietarios como DOC, DWG, PSD… no están vinculados a un software en concreto, sino que al ser de código abierto han podido ser estandarizados y ser utilizados por muchas aplicaciones (la gran mayoría de código abierto, por principios y motivos obvios). Esto supone una gran ventaja: se garantiza que un archivo ISO podrá ser leído (y en algunos casos también editado) con independencia de la aplicación utilizada para generarlo. Otra solución complementaria es que cuando son las instituciones las que crean aplicaciones cuyo uso es (casi) imprescindible, éstas deberían cumplir los siguientes requisitos:

  1. Ser multiplataforma: de tal forma que no haya dependencia para utilizar un sistema operativo determinado. Esto puede conseguirse porque posea instaladores para distintos sistemas operativos o porque sea ejecutable mediante navegadores web, estando o no instalado en un servidor local.
  2. Ser gratuitas: si el objetivo es el de favorecer la comunicación entre las personas y sus administraciones, y los trámites son necesarios, está claro que la institución no debería de lucrarse con la venta de programas que hagan efectiva dicha comunicación.
  3. Generar formatos estandar ISO: con independencia del archivo “nativo” de trabajo que utilicen dichos programas, éstos deberían ser capaces de leer y escribir en alguno de los formatos ISO existentes.

En cuanto a las webs, que en la mayoría de casos no dejan de ser aplicaciones en la nube, deberían basarse en los estándares web (como los del W3C -World Wide Web Consortium), aunque en realidad sean únicamente recomendaciones; y deberían ser accesibles, con lo cual se garantiza que no solo puedan verse con todos los navegadores web, sino que todas las personas puedan leerla, aunque tengan discapacidades. De esta manera no sería imprescindible verlas con Internet Explorer, un programa que se ha caracterizado por ignorar los estándares a menudo (parece ser que en su última versión se están enmendando) como ocurre todavía en demasiadas ocasiones.

### Todo esto está muy bien, pero ¿Es realmente importante?

Curiosamente, todavía hoy se ningunea la magnitud del problema, pero de igual modo que a día de hoy, afortunadamente, tenemos muy asumido que todos los edificios de instituciones (como edificios de pública concurrencia que son) deben de estar adaptados para personas con discapacidad y si no fuese así nos sorprendería hasta el punto de llegar a hacer reclamaciones; o de igual modo que todos nos quejaríamos si para ir a un ayuntamiento tuviésemos que ir en un coche Ford (por eso de que hay muchos), a nadie debería de extrañarle que se reivindique la libertad de poder elegir el software. Más allá de eso, y para reflejar el alcance de la cuestión, en España existe una ley (Real Decreto 42010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica) que ya en el segundo párrafo de sus disposiciones generales dice:

En el ámbito de las Administraciones públicas, la consagración del derecho de los ciudadanos a comunicarse con ellas a través de medios electrónicos comporta una obligación correlativa de las mismas. Esta obligación tiene, como premisas, la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, así como la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio pleno del principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, garantizando con ello la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado.

Así pues, considero que iniciativas como esta son muy necesarias, ya que no solo  sirven para recalcar que es importante que las instituciones entiendan de una vez que sus decisiones en cuanto a la utilización del software condicionan a muchas personas y sino que exigen que se cumpla la legalidad.


  1. Cálculos basados únicamente en los precios de venta al público en España de las licencias de los programas mencionados anteriormente, según las webs oficiales de los fabricantes: Adobe Acrobat Professional (950,04€), Microsoft Office Professional 2007 (709€) y Windows 7 Ultimate (319€) ^
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